miércoles, 18 de noviembre de 2026

LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUENTES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA: UNA EXIGENCIA DE RIGOR FRENTE A LA REPETICIÓN ACRÍTICA.

 LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUENTES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA: UNA EXIGENCIA DE RIGOR FRENTE A LA REPETICIÓN ACRÍTICA.

MÁXIME CUANDO CADA VEZ ES MÁS FÁCIL EVIDENCIAR LA MENDACIDAD MEDIANTE LA HEMEROTECA DIGITAL, AL ALCANCE DE TODOS LOS CIUDADANOS. EL TIEMPO DE LA MENTIRA SE ACABÓ.
Hay una cuestión que debería suscitar una reflexión profunda entre historiadores, periodistas, responsables institucionales y cuantos intervienen en la construcción de la memoria democrática: la reiteración de una afirmación histórica no convierte esa afirmación en un hecho documentalmente demostrado. Repetir una cita, reproducirla en artículos, incorporarla a programas de televisión, divulgarla en redes sociales o presentarla en discursos institucionales no sustituye la obligación de identificar su procedencia y comprobar su autenticidad.
El caso de las conocidas palabras atribuidas al general Gonzalo Queipo de Llano, según las cuales sus legionarios y regulares habrían enseñado a las mujeres republicanas lo que significaba conocer a «hombres de verdad» o similares construcciones léxicas constituye un ejemplo especialmente significativo de este problema. La frase se reproduce con extraordinaria frecuencia y suele presentarse como una transcripción literal de una intervención radiofónica pronunciada el 23 de julio de 1936. Sin embargo, cuando se solicita la referencia periodística original —periódico, fecha, número, página y reproducción íntegra de la noticia—, la documentación que habitualmente se ofrece no siempre responde a la realidad.
En el curso de la búsqueda de esa fuente hemos examinado referencias a ABC de Sevilla, Ideal de Granada y otras publicaciones de la época. También hemos contrastado las fechas que se repiten en la bibliografía y en las divulgaciones periodísticas posteriores. Hasta el momento, no se ha conseguido localizar en los ejemplares consultados ni las ondas radiofónicas que permitan verificar de manera directa la transcripción literal de la frase en los términos en que hoy se difunde.
Este hecho no autoriza a concluir automáticamente que la declaración nunca existió o que Queipo de Llano no pronunciara palabras de contenido semejante; pero sí obliga a formular la pregunta elemental en cualquier investigación judicial, policial, criminológica...: ¿cuál es la fuente primaria que permite atribuirle exactamente esas palabras y establecer su fecha?, porque de no existir, no se puede validar.
La distinción es fundamental: una cosa es que una declaración haya sido atribuida a un personaje histórico por testimonios, recuerdos orales, obras posteriores u otras reconstrucciones y otra cosa muy diferente, es una transcripción contemporánea, una grabación o un documento impreso original que permita acreditar su literalidad.
Confundir ambos niveles de prueba supone desdibujar los procedimientos básicos de la investigación histórica y restarle cualquier credibilidad.
La propia cadena de referencias merece un examen detenido. Algunas recopilaciones remiten a obras publicadas décadas después de los acontecimientos. Por ejemplo, la página de Wikiquote dedicada a Queipo de Llano atribuye la frase del 23 de julio a Barrios (1978), citado a su vez por Alberto Reig Tapia (2017, página 321). No ofrece como fuente directa un ejemplar de prensa de julio de 1936. Por otra parte, se ha localizado una formulación semejante en la obra de Arthur Koestler, publicada en 1937, circunstancia que abre otra vía de investigación sobre la transmisión temprana del relato. Pero ninguna de estas referencias debe confundirse, sin comprobación adicional, con la localización de la emisión radiofónica original, estando impresos todos sus intervenciones radiofónicas en papel, en las que nada se encuentra al respecto.
El problema no consiste, por tanto, en discutir la gravedad moral de las amenazas de los dos bandos en la guerra genocida, la violencia sexual ejercida o la responsabilidad de los mandos militares de izquierda y derecha sublevados unos en el 34 y en la primavera del 36 (según Alcá Zamora) y otros en julio del 36. Esos hechos deben investigarse, documentarse y exponerse con toda su crudeza. El problema reside en convertir una atribución no suficientemente documentada en una cita literal indiscutible, repetirla indefinidamente y presentar la reiteración como si fuera una demostración.
La historia no puede funcionar de ese modo. La autoridad de una afirmación no depende del número de veces que se reproduzca, de la notoriedad de quien la pronuncie ni de la institución que la incorpore a sus materiales divulgativos. Depende de la calidad de sus pruebas, de la transparencia de su procedencia y de la posibilidad de que otros investigadores puedan contrastarla.
Cuando una referencia bibliográfica conduce a otra referencia, y esta remite a una tercera, sin que finalmente aparezca el documento original que se afirma conocer, estamos ante un problema metodológico que debe hacerse explícito. La repetición circular de una atribución no constituye una cadena de pruebas independientes. Es necesario distinguir entre una fuente primaria, un testimonio posterior, una cita historiográfica y una reproducción periodística contemporánea. Cada una posee un valor documental diferente. Y mucho más grave es cuando se mantiene el error desde el mismo Ministerio de Memoria Histórica, arrinconando a especialistas como el profesor Nadal Sánchez y silenciando su voz o ignorando a otros como el historiador antifranquista Azuaga Rico, en su desmentido del farero de Torre del Mar.
Tampoco resulta aceptable que el cuestionamiento de una cita concreta se interprete como una negación de la violencia franquista o frente populista o como una descalificación de las víctimas. Esa falsa disyuntiva empobrece el debate y perjudica a la propia investigación histórica. La denuncia de los crímenes no necesita adornarse con frases de procedencia incierta; por el contrario, gana credibilidad cuando se apoya en documentos auténticos, testimonios contrastados, expedientes judiciales, archivos militares, registros de víctimas y estudios rigurosos.
Precisamente por respeto a quienes padecieron la represión frente populista y franquista, la tortura, la violencia sexual, las ejecuciones y el exilio, no debería utilizarse ningún testimonio de manera irresponsable. Las víctimas no necesitan que se les atribuyan palabras que no puedan documentarse. Necesitan que se investigue lo que ocurrió, que se identifique a los responsables y que se preserve la verdad de los hechos sin manipulación ni instrumentalización política alguna ni pensamiento único de regímenes autoritarios comunistas ni franquista.
La responsabilidad alcanza también a los medios de comunicación. Un periodista que reproduce una cita histórica debería proporcionar, siempre que sea posible, su referencia documental, por la más elemental ética. Si no dispone de la fuente original, debería indicar que se trata de una atribución recogida por determinada obra posterior. Y si la investigación no permite establecer su literalidad, debería evitar las comillas que presentan como transcripción exacta lo que quizá sea una reconstrucción o una paráfrasis para poder ser validado.
La misma exigencia debe aplicarse a las instituciones públicas. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, así como cualquier organismo dedicado a la divulgación del pasado, debería promover una cultura de verificación documental, por elemental ética. No basta con que una afirmación sea compatible con una interpretación histórica determinada o con que haya adquirido amplia difusión. Es necesario que pueda ser contrastada, que se conozca su origen y que se distingan los hechos probados de las atribuciones pendientes de verificación.
La memoria democrática no puede construirse mediante una ortodoxia de citas intocables. Su legitimidad depende de la investigación, de la libertad de formular preguntas y de la disposición a rectificar cuando las pruebas no sostienen una afirmación. Una política pública de memoria que no admita el examen crítico de sus propias referencias sustituye a la investigación por la repetición y el conocimiento por la consigna de pensamiento único.
En una sociedad democrática, ninguna afirmación histórica debería quedar exenta de comprobación por el hecho de que resulte políticamente conveniente, moralmente condenable su contenido o ampliamente aceptada su atribución. La verdad histórica no puede depender de la utilidad de una frase, sino de la solidez de la documentación que la respalda. Es lo mejor que se puede ofrecer a la ciudadanía
Por eso, la exigencia es sencilla y perfectamente legítima: que quienes difunden estas palabras aporten la fuente primaria, indiquen el archivo, el periódico, la fecha y la página, o reconozcan con claridad que no han podido localizarla y que la atribución procede de publicaciones posteriores. Si esa documentación no aparece, lo intelectualmente honesto es dejar constancia de la laguna, no ocultarla mediante nuevas repeticiones.
No se trata de silenciar la historia, relativizar los crímenes ni rehabilitar a sus responsables. Se trata de algo mucho más elemental y, al mismo tiempo, mucho más importante: no faltar a la verdad mientras se afirma defenderla.
La decencia ética, la responsabilidad moral y la democracia auténtica exigen que la memoria sea libre, crítica y documentalmente honesta. Una mentira repetida no se convierte en verdad por su difusión; tampoco una atribución se transforma en documento por aparecer en numerosos libros, periódicos o programas audiovisuales.
La memoria de todas las víctimas merece verdad, no propaganda. La ciudadanía merece información verificable, no afirmaciones blindadas frente a la crítica. Y la historia, para conservar su dignidad como disciplina intelectual, debe mantener una frontera inequívoca entre aquello que está probado, aquello que resulta verosímil y aquello que todavía no ha podido demostrarse.
La memoria democrática no debe levantar monumentos a las mentiras ni certezas sin documentos. Su obligación es preservar los hechos, reconocer las dudas y someter todas las afirmaciones —también las propias— al imperativo de la verdad, máxime en una sociedad en la que cada vez resulta más fácil evidenciar la mendacidad y pillar al mentiroso mediante la hemeroteca digital, al alcance de todos los ciudadanos.