LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA: UN SISTEMA QUE HA PERDIDO EL RUMBO Y LOS POLÍTICOS NO ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA.
EL VERDADERO FRACASO DE UN SISTEMA EDUCATIVO ES QUE QUIENES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE CORREGIRLO PAREZCAN NO SENTIRSE RESPONSABLES DE ELLO, MIENTRAS EL PROFESORADO SE SIENTE ACOSADO PROFESIONALMENTE.
La educación española lleva demasiados años atrapada en una sucesión de reformas legislativas políticas, cambios curriculares, burocracia y experimentos pedagógicos que, lejos de resolver los problemas de fondo, han ido debilitando aspectos esenciales de la enseñanza: el conocimiento, el esfuerzo, la disciplina intelectual, la autoridad del profesor y la exigencia académica.(FOTOS: WEB).
Los padres acosados ante la recepción de los irracionales criterios de evaluación de todas y cada una de las asignaturas de sus hijos en lugar de consultarlos en la Web del centro. Obligación impuesta a los profesores por semejante y demencial burocracia administrativa que también recae en los profesores.
Los profesores acosados por el sistema soportan las consecuencias de este despropósito, el de un modelo diseñado, reformado y administrado desde los despachos, por personas alejadas de la realidad cotidiana de un aula donde se consigue lo contrario.
La crítica debe ser clara: un sistema educativo que multiplica los documentos, las competencias, los indicadores y los procedimientos, pero no consigue garantizar que sus alumnos dominen los conocimientos fundamentales, tiene un problema de prioridades.
Y lo más preocupante no es solamente el resultado. Es la ausencia de responsabilidad de quienes toman las decisiones.
Por ello planteamos 20 razones por las que el sistema educativo español necesita una reforma profunda:
1. Una sucesión interminable de leyes educativas sin un proyecto de país.
Desde la LOGSE de 1990 hasta la actual LOMLOE de 2020, España ha encadenado reformas educativas promovidas por distintos gobiernos. Cada cambio político parece traer una nueva receta, una nueva terminología y una nueva manera de organizar la enseñanza. Nunca se ha conseguido un pacto educativo sólido y duradero.
La educación no puede convertirse en un laboratorio donde cada Gobierno experimenta durante cuatro años con el futuro de varias generaciones.
2. Demasiada pedagogía administrativa y demasiado poco conocimiento.
Se ha ido desplazando el centro de gravedad de la enseñanza. En lugar de dar prioridad a que los alumnos aprendan historia, matemáticas, lengua, ciencias y literatura, se ha construido una arquitectura curricular cada vez más compleja, llena de competencias, descriptores, indicadores y criterios de evaluación.
El conocimiento no puede ser considerado un elemento secundario. Para pensar hay que saber. Para razonar hay que tener conocimientos. Y para desarrollar un pensamiento crítico primero hay que aprender a leer, escribir, calcular y comprender.
3. El profesor ha dejado de ser el protagonista de la enseñanza
Se ha reducido progresivamente el margen de decisión del docente. El profesor, que conoce a sus alumnos, su materia y las dificultades que aparecen en el aula, debería tener libertad y autoridad para decidir cómo enseñar.
Sin embargo, se encuentra condicionado por programaciones, procedimientos, plataformas, instrucciones y exigencias administrativas que dejan cada vez menos espacio para su criterio profesional como especialista, fiscalizado por los no especialistas.
Es una contradicción enorme: se exige responsabilidad al profesor, pero se limita su capacidad para ejercerla.
4. La burocracia ha terminado invadiendo las aulas, considerando al profesorado inhabilitado para ejercer su profesión en libertad. Al mismo tiempo subyugado y atemorizado siempre si se distancia de unas imposiciones que constituyen una ofensa a la mas elemental inteligencia (Programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje, unidades de programación, informes individualizados, adaptaciones curriculares, registros, memorias, actas, planes y evaluaciones...). La lista es interminable.
El problema no es que un profesor tenga que planificar su trabajo. Eso es razonable y necesario como siempre se hizo y como es lo normal por su capacitación misma y preparación profesional. El problema es convertir esa planificación en una acumulación de documentos que se repiten, se cruzan como arma ofensiva contra el docente temeroso siempre de no ajustarse en la menor futesa a la irracional legislación, que, en ocasiones, apenas tienen utilidad práctica.
En abril de 2025, UGT publicó una encuesta con 7.600 respuestas de docentes. El 85,8 % manifestó una fuerte insatisfacción con la burocracia; el 67,8 % consideró excesiva esa carga y el 72,4 % declaró sufrir niveles significativos de estrés relacionados con ella.
5. Un lenguaje curricular que ni siquiera resulta comprensible para quienes deben aplicarlo.
Se ha llegado a una situación difícil de justificar: documentos educativos redactados con un lenguaje técnico y administrativo que muchos profesores encuentran difícil de interpretar y que resulta incomprensible para las familias.
Competencias específicas, competencias clave, saberes básicos, descriptores operativos, situaciones de aprendizaje, criterios de evaluación y perfiles de salida.
Todo ello es una ofensa a la más elemental inteligencia ¿De verdad es necesario semejante laberinto terminológico para enseñar a un niño a leer, escribir, calcular, comprender y razonar?
La educación necesita claridad, no un diccionario de expresiones burocráticas. Pero está clora que las pautas están marcadas y los fines son otros. Porque si los resultados son malos en cualquier equipo de fútbol no se tarda en cambiar las directrices y las personas. Aquí, no.
6. El profesor dedica la mayor parte de su tiempo a justificar que trabaja.
Una de las mayores paradojas del sistema es que parece importar más que todo esté correctamente registrado que comprobar qué sus espaldas estén cubiertas de no se sabe qué.
Las programaciones son impecables sobre el papel y las clases con enormes carencias de conocimientos.
Un expediente administrativo no es un indicador suficiente de calidad educativa. Tampoco lo es una memoria llena de objetivos cumplidos si el alumno termina el curso sin dominar los contenidos fundamentales.
7. Se ha confundido igualdad de oportunidades con ausencia de exigencia.
La educación debe ofrecer oportunidades a todos, independientemente de su origen o situación personal. Pero eso no significa eliminar la exigencia, rebajar los objetivos o convertir el esfuerzo en algo sospechoso.
Ayudar al alumno que tiene dificultades no consiste en renunciar a que aprenda. Consiste en proporcionarle los medios para conseguirlo y autoridad y reconocimiento al profesorado.
Una educación que no exige, que no corrige y que no establece límites termina perjudicando especialmente a quienes más necesitan una enseñanza sólida como sucede.
8. El deterioro de los conocimientos fundamentales es una señal de alarma que no importa a la Administración.
Cada vez son más frecuentes las quejas de profesores sobre las dificultades de expresión escrita, comprensión lectora, ortografía, cálculo y razonamiento, como demuestra PISA.
Resulta especialmente preocupante escuchar a docentes de Bachillerato explicar que encuentran alumnos con dificultades para identificar correctamente categorías gramaticales elementales, como el sustantivo y el adjetivo.
No significa que todos los estudiantes tengan esas carencias, pero sí plantea una pregunta incómoda: ¿cómo puede un alumno avanzar hacia estudios superiores si no domina determinados conocimientos básicos? Es claro que nada importa.
La evaluación internacional PISA 2022 situó a España cerca de la media de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias, pero mostró una proporción de alumnos de alto rendimiento a la cola de Europa. No estamos ante un país sin estudiantes capaces, sin políticos capaces.
9. La promoción de curso no puede sustituir al aprendizaje
Promocionar no es necesariamente aprender. Pasar de curso sin haber consolidado los conocimientos anteriores puede generar una cadena de dificultades que termina explotando en Secundaria, Bachillerato o la universidad, pero políticamente se consiguen los objetivos electorales.
El alumno necesita saber qué ha aprendido, qué no ha aprendido y qué debe mejorar, sin temor a alumnos ni a familias. Ocultar las carencias mediante decisiones administrativas no las resuelve.
10. Se ha debilitado la autoridad del profesor con este sistema. El docente necesita respeto, respaldo institucional y capacidad para mantener el orden en el aula, lo que no existe.
No puede exigírsele que eduque, enseñe, resuelva conflictos, atienda a las familias y garantice el aprendizaje mientras se cuestiona constantemente su criterio profesional y se le deja desprotegido ante determinadas situaciones.
Sin autoridad docente no hay un ambiente adecuado para enseñar. Y sin un ambiente adecuado, el aprendizaje se arruina.
11. Se ha multiplicado el número de funciones sin reforzar los medios.
Al profesor se le exige que sea docente, orientador, mediador, evaluador, gestor administrativo, coordinador de proyectos y responsable de multitud de actuaciones complementarias. Pero el tiempo sigue siendo limitado.
No se puede añadir indefinidamente trabajo a una profesión sin preguntarse qué tareas deben desaparecer, qué recursos hacen falta y qué consecuencias tiene esa sobrecarga para los alumnos.
12. Se ha confundido innovación con cambiar continuamente de terminología.
La innovación educativa no consiste en cambiar el nombre de las unidades didácticas, inventar nuevos documentos o introducir expresiones pedagógicas cada pocos años. Innovar es conseguir que los alumnos aprendan mejor. Pero es claro que ese no es el fin político: es otro.
Un buen profesor que explica con claridad, plantea preguntas, corrige errores, exige esfuerzo y despierta curiosidad está haciendo un trabajo educativo de enorme valor, pero ha de prescindir de la burocracia impuesta.
13. Se legisla demasiado desde los despachos ignorantes de la realidad de las aulas y nada desde las aulas mismas. Quienes diseñan las reformas deberían escuchar a quienes trabajan diariamente con los alumnos.
No se puede construir un sistema educativo eficaz ignorando la experiencia de los profesores, sus dificultades reales, las diferencias entre centros y las condiciones materiales de las aulas.
Una reforma educativa que no cuenta con el profesorado nace con un problema de legitimidad y de aplicación.
14. Las familias también son víctimas de la complejidad del sistema, pero exentas de cualquier responsabilidad y obligaciones, a las que se les otorgan todos los derechos y no se les pide explicación alguna. La razón es claro: política.
Los padres interesados necesitan saber qué están aprendiendo sus hijos, qué dificultades tienen y cómo pueden ayudarlos y han de dar ejemplo de interés por los hijos en el estudio, con los móviles...
Pero la terminología curricular y los sistemas de evaluación se han vuelto, en ocasiones, tan complicados que no entienden qué significan realmente las calificaciones y los informes y pidennpor tanto la nota tradicional.
La comunicación entre escuela y familia debería ser sencilla: qué sabe el alumno, qué no sabe todavía y qué necesita mejorar. Y los profesores no tendría que dar otra información si se ofrece en la web del centro.
15. Se ha relegado la cultura del esfuerzo.
Aprender exige tiempo, atención, constancia, lectura, práctica y repetición. No todo puede ser inmediato, divertido o adaptado a las preferencias del alumno. Hay que enseñar también a enfrentarse a tareas difíciles, a equivocarse, a corregir y a perseverar. El esfuerzo no es un castigo: es una condición fundamental del aprendizaje.
16. La educación ha quedado atrapada en la confrontación política
Cada Gobierno intenta dejar su propia marca legislativa. Los partidos discuten sobre modelos, competencias administrativas y planteamientos ideológicos, mientras el profesorado tiene que adaptarse una y otra vez, pero aquí sólo se ha impuesto el de la ESO. No hay otro sello.
La escuela debería estar protegida de esa inestabilidad. Necesita un acuerdo nacional que garantice unos contenidos fundamentales, unos objetivos claros y una continuidad suficiente para evaluar los resultados.
17. Los políticos no asumen las consecuencias de los malos resultados: uno de los aspectos más indignantes.
Imaginemos una empresa pública que acumula malos resultados durante años. O un equipo de fútbol que encadena temporadas desastrosas. O una empresa privada que pierde clientes, productividad y competitividad.
¿Qué sucedería? Se revisarían las decisiones, se pedirían explicaciones, se evaluarían las responsabilidades y, probablemente, se producirían ceses o dimisiones en distintos niveles de la dirección.
En educación, sin embargo, las reformas pueden fracasar, los problemas pueden repetirse y los resultados pueden decepcionar sin que parezca existir una responsabilidad política proporcional.
No se trata de pedir dimisiones por cada estadística desfavorable. Se trata de exigir explicaciones, evaluaciones independientes a los que han generado este caos y consecuencias cuando se demuestra una gestión deficiente.
La responsabilidad pública no puede consistir únicamente en ocupar un cargo, aprobar una ley y pasar el problema al siguiente Gobierno.
18. El sistema parece premiar más el cumplimiento administrativo que la excelencia docente.
Un profesor debería ser valorado fundamentalmente por su preparación, su capacidad para explicar, su compromiso con los alumnos, su dominio de la materia y los resultados de su trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias del centro y no por la cantidad de documentos que genera ni por su habilidad para manejar plataformas administrativas. Y se le ha de dejar libertad para ello.
La administración debe estar al servicio de la enseñanza, no la enseñanza al servicio de los políticos y de la administración.
19. La sociedad no puede ser la perjudicado de los experimentos políticos.
El daño de una mala política educativa no se limita a un curso académico. Sus consecuencias acompañan a todo una sociedad durante muchos años de su vida.
Un alumno que termina la enseñanza obligatoria con dificultades de lectura, escritura, cálculo y comprensión arrastra una desventaja que afecta a sus estudios posteriores, su formación profesional y sus oportunidades laborales; pero políticamente es muy manejable.
Por eso la educación exige responsabilidad, prudencia y evaluación. No ocurrencias, propaganda ni reformas improvisadas.
La gran pregunta: ¿quién responde de todo esto?
En cualquier organización seria, los resultados importan. Quien dirige tiene la obligación de explicar las decisiones, justificar los resultados y asumir las consecuencias de una gestión deficiente.
En educación debería ocurrir exactamente lo mismo; pero no interesa al sistema impuesto. Los ministros, consejeros, responsables de las administraciones educativas y altos cargos que diseñan y ejecutan las políticas educativas no pueden quedar permanentemente al margen de sus consecuencias e impunes y sin repsonsabilidad.
No basta con aprobar una nueva ley, cambiar los nombres de las asignaturas y presentar una nueva reforma como la solución definitiva. Hay que medir los resultados. Hay que escuchar a los profesores. Hay que reconocer los errores. Y, cuando corresponda, hay que asumir responsabilidades políticas y dimitir.
¿Qué habría que hacer para recuperar la educación?
1. Establecer un pacto educativo nacional que dé estabilidad al sistema.
2. Recuperar la importancia de los conocimientos fundamentales.
3. Simplificar radicalmente el currículo.
4. Eliminar la burocracia innecesaria y los documentos repetitivos.
5. Devolver al profesor autonomía y autoridad pedagógica.
6. Recuperar la cultura del esfuerzo, el estudio y la exigencia.
7. Garantizar que ningún alumno avance arrastrando carencias fundamentales.
8. Reforzar la lectura, la escritura, las matemáticas, las ciencias y las humanidades.
9. Aumentar la importancia de la Educación Física.
10. Evaluar los resultados mediante organismos independientes.
11. Escuchar a los docentes antes de aprobar cualquier reforma.
12. Establecer mecanismos de rendición de cuentas para los responsables políticos.
Conclusión: menos papeles y más educación
Lo que España necesita no es otra reforma llena de palabras grandilocuentes, sino recuperar el sentido común y el nivel de conocimientos anterior a la reforma de la ESO. No se puede avanzar retrocediendo.
Necesita profesores que puedan enseñar, alumnos que quieran aprender, familias a las que también se les exijan responsabilidades y responsables políticos que respondan por sus decisiones.
La educación no puede ser una fábrica de informes, programaciones, competencias y formularios. Tampoco puede convertirse en un campo de experimentación ideológica donde nada cambie durante veinte años o más y con pésimos resultados.
Un sistema educativo no se mide por la cantidad de documentos que produce, sino por lo que saben sus alumnos cuando terminan sus estudios.
Y si después de décadas de reformas seguimos escuchando a profesores denunciar carencias elementales, sobrecarga administrativa y pérdida de autoridad, alguien tiene que detenerse, escuchar y asumir responsabilidades.
El verdadero fracaso de un sistema educativo es que quienes tienen la obligación de corregirlo parezcan no sentirse responsables de ello.
ILUSTRACIONES: la situación actual del profesorado ante alumnos, padres, dirección e inspección.
